“Las medidas estatales de apoyo a las economías nacionales en un contexto de emergencia han priorizado en algunos casos los intereses del sector privado, favoreciendo la expansión del agronegocio y las industrias
Francisco Cali Tzay (Abogado, diplomático; miembro del pueblo Maya Kachiquel; Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas)[1]
La pandemia que aqueja el planeta, causada eminentemente por una mala administración de la naturaleza, los controles sanitarios y un desbalance evidente entre inversión, acumulación de poder y derechos, va desnudando diariamente la desigualdad existente en el planeta. Los pueblos indígenas, reducidos a los largo de la historia de América Latina a espacios territoriales cada vez más pequeños, sufren hoy frente al deterioro de sus medios de vida producto del acaparamiento de tierras y diversos procesos de contaminación. Estos procesos, en algunos casos, recién se están iniciando, pero, otros llevan décadas. Frente a tal situación, los pueblos indígenas sienten que sus Estados o no los protegen o son parte del problema. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha indicado el presente año, en el día de la Madre tierra (22 de abril) que los países de América Latina invierten menos del 0.5% de su PBI en temas ambientales[2]. Imaginemos todos los pasivos ambientales en América Latina. ¿Quién pone los fondos para monitorear, legislar y sancionar los efectos ambientales de las industrias extractivas? Más directamente, ¿Quién se asegura que estos se apliquen en los territorios indígenas? Hasta ahora, son los propios ciudadanos y ciudadanas indígenas las que hacen el monitoreo, proponen normas y exigen sanciones y por lo mismo, ya varios han muerto o están muriendo lentamente producto de las enfermedades producidas gracias a Estados y empresas que no cumplen con un mínimo de ética y que antes, tienden a manipular e influenciar en los procesos políticos de los gobiernos de turno para evadir la fiscalización y vigilancia ambiental. Toda empresa debiera invertir y pagar sus impuestos de modo proporcional a sus ganancias y al impacto ambiental que generan. ¿Por qué un pueblo, en cuanto está más alejado de las principales capitales nacionales e internacionales, es más afectado y acallado en la exigencia de sus derechos cuando sus medios de vida, son destruidos por una empresa extractiva? Esta y otras preguntas, millones de ciudadanos y ciudadanas indígenas continúan haciendo hoy[3]. Como dice José Díaz Mirabal, el líder indígena de la mayor federación de la Amazonía de América Latina, la COICA: “La Tierra está en proceso de colapso ambiental, si no detenemos el extractivismo, la deforestación y el consumo irresponsable, no hay futuro.” [1] Informe: “Las repercusiones de la enfermedad por coronavirus en los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas” Pág. 25. [2] https://www.elagoradiario.com/latam/economia-verde-diluye-recuperacion-america-latina/ [3] https://coicamazonia.org/22-de-abril-el-grito-de-la-selva-por-la-madre-tierra/
Como organizaciones cristianas que trabajamos en los campos del desarrollo, justicia y cuidado de la creación, en el contexto de la pandemia de COVID-19, demandamos la necesidad de replantear sustancialmente la relación de la humanidad con la naturaleza. Creemos que Dios ha creado un mundo interdependiente dentro del cual t enemos la responsabilidad de usar los dones y recursos de manera sabia, cautelosa y sostenible.
¿Por qué ocurre este incendio?
Antecedente
Desde el año 2017 se ha vivido una de las más devastadoras sequías, en la mayor parte de Nueva Gales del Sur y Queensland, que ya ha causado daños a zonas agrícolas importantes para el país. Esto generó un ambiente que cada vez se hacía más y más seco, estando mucho más propenso a poder generar incendios forestales de forma “natural”. (1)
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